Demasiado poco demasiado tarde: cómo dos empresas europeas pudieron salirse con la suya en el peor derrame de petróleo frente a las costas de Perú – CIDSE

Demasiado poco y demasiado tarde: Cómo dos empresas europeas pudieron salirse con la suya en el peor vertido de petróleo en las costas de Perú 

... y cómo una norma Europea sobre diligencia debida pudo haber ayudado a dar una respuesta inmediata 

Foto de portada: Diego Pérez/SPDA

Nota: El Caso Repsol es solo uno de muchos ejemplos de abuso corporativo en comunidades vulnerables o locales. Una Directiva sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial podría cambiar esta situación y empoderar a las comunidades para buscar justicia y reparación. Encuentra más información sobre esta Directiva y cómo influir en los tomadores de decisiones políticas en justice-business.org.


En enero pasado, cerca de 12,000 barriles de petróleo se derramaron frente a las costas de Ventanilla en Perú, provocando uno de los peores desastres ecológicos en la historia del mar limeño. La fuga se produjo cuando el buque italiano Mare Doricum descargaba crudo en los oleoductos submarinos de la refinería La Pampilla, operada por la empresa española Repsol.  

Las consecuencias socioambientales del vertido son irreparables: más de 11,000 hectáreas de zona costera marina se vieron afectadas. Se detectó la presencia de hidrocarburos de petróleo en 66 zonas, de las cuales 46 son playas y 20 son acantilados. Además, el vertido afectó a dos zonas protegidas de gran importancia. La vida de unas 10,000 personas, que dependían directamente del mar para su subsistencia, ha cambiado drásticamente.  

"Mucho petróleo ha acabado enterrado bajo las playas o en el fondo del mar. Así que ha habido toda una serie de impactos sociales y económicos. Pero también está la cuestión de por cuánto tiempo el impacto afectará a los medios de vida de las comunidades locales, por cuánto tiempo tendrán que suspender sus actividades", dice Miguel Lévano Muñoz, de Oxfam Perú, y Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Petróleo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que también monitorea los casos de derrames de petróleo en las zonas costeras y en la Amazonía peruana. En los últimos 25 años se han identificado más de mil derrames en el país.  

Alejandro Chirinos, director ejecutivo de CooperAcción, advierte sobre un grupo aún más vulnerable: "Un caso particular es el impacto en la vida de las mujeres que dependían del trabajo en la zona marina costera, que a su vez también trabajan en el hogar. Algunas de ellas -muchas, en realidad- perdieron a sus esposos por el COVID, porque en Perú, como en otros lugares, el virus tuvo una mayor mortalidad entre los hombres".   

*Los Italiano y español Las versiones del video también están disponibles.

La lenta reacción de Repsol para contener el vertido y la falta de decisión del gobierno peruano para aplicar sanciones y tomar medidas fueron duramente criticadas por ciudadanos y activistas de todo el mundo, desatando una ola de protestas en Perú y, en menor escala, en España. El vertido destapó una serie de irregularidades en el plan de contingencia de Repsol, un requisito básico y fundamental para una empresa que trabaja en el sector petrolero, y sacó a la luz pública las múltiples multas acumuladas por la compañía a lo largo de los años.  

"Casos como éste demuestran un incumplimiento de sus obligaciones por parte de las empresas responsables de la operación y de las entidades públicas en materia de verificación, supervisión y cumplimiento", dijo Lévano.  

¿Cómo es posible que una empresa con semejante reputación opere en un país? Además, ¿por qué, a pesar de la indignación internacional, el Gobierno peruano tardó tanto en condenar este desastre medioambiental?   

La “responsabilidad compartida”  

Mientras Perú lidiaba con los impactos del vertido, una nueva legislación cobraba protagonismo en los debates políticos de la Unión Europea. En febrero, la Comisión Europea presentó una propuesta de Directiva sobre la Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDD, por sus siglas en inglés), que introduciría normas para que las empresas de la UE respeten los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de valor en todo el mundo. La ley podría cambiar las reglas del juego para casos como el de Repsol, si no contuviera evidentes vacíos legales.  

Una de ellas es la definición de impacto ambiental y la lista de dichos impactos en el proyecto de ley, que deja fuera los vertidos de petróleo en el agua, entre otros tipos de daños ambientales recurrentes. En otras palabras, ambas empresas, la española Repsol y la italiana Mare Doricum, podrían quedar impunes, aunque la ley estuviera en vigor.     

"La diligencia debida no es un privilegio, es más bien una obligación que las empresas deben poner en práctica para anticiparse a los riesgos, de modo que cuando se prevén, se responde de manera justa y responsable. Este derrame evidenció debilidades en nuestra institucionalidad para determinar la responsabilidad ambiental de los infractores y mostró serias deficiencias a nivel legal para asegurar que haya una respuesta inmediata y eficiente", destacó Carol Mora, Directora de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA.      

El desastre ocurrió en medio de la inestabilidad política del país, una situación recurrente en América Latina. El sistema de justicia ambiental peruano es débil e inexperto. Perú es responsable de que las inversiones se realicen respetando los mejores estándares ambientales, mientras que la Unión Europea también debería ser responsable de garantizar dichos estándares.    

"Estamos hablando de una doble culpa, tanto de la propia empresa Repsol, al no tener ni siquiera los mecanismos para poder intervenir y remediar inmediatamente los daños en el mar, y sobre todo la escasa respuesta del Estado en un asunto como este. Además, a la hora de sancionar a la empresa Repsol, el Estado también actuó tarde", indica Henry Córdova, Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático, MOCCIC, quien además relata que "en un primer momento, el propio Estado dio muestras de debilidad al pedir a los ciudadanos que fueran ellos mismos los que se hicieran cargo de los impactos [del derrame] en la zona costera, cuando todos sabíamos que esa era una responsabilidad que debía asumir directamente la empresa."   

Sobre la Directiva de la Comisión Europea, el texto actual no garantiza la inversión de la carga de la prueba para las víctimas, lo que significa que si las comunidades afectadas por el vertido optan por demandar a las empresas, tendrían que reunir y presentar las pruebas que demuestren que los daños fueron el resultado de que la empresa no tomó las medidas suficientes para evitar el vertido. Acceder a las pruebas necesarias puede ser difícil para las comunidades que se enfrentan a una poderosa multinacional como Repsol.    

"Como ocurre en la mayoría de los casos de vertidos de petróleo, conociendo la forma de actuar de las empresas ante los vertidos, sabemos que el primer obstáculo es tener siempre información precisa. Más allá de lo que informó la empresa, lo que buscábamos era tener información producida sobre todo por fuentes oficiales, pero también las alertas lanzadas por los vecinos. Sabíamos que la magnitud de los daños era mucho mayor de lo que la empresa afirmaba al principio y nos parece fundamental reforzar la información disponible sobre este tema", asegura Córdova.  

El futuro de los recursos del planeta  

La Directiva de la Comisión Europea aún se debatirá en lo que queda de año, pero no logrará desencadenar cambios transformadores y significativos si no se abordan las principales deficiencias del texto.    

"Resulta desconcertante que una ley que se supone que aborda los impactos negativos de las empresas sobre las personas y el planeta corra el riesgo de no aplicarse a un caso tan atroz, cuyos impactos se dejarán sentir en las comunidades durante años y podrían dañar el medio ambiente de forma irreparable", según Giuseppe Cioffo, responsable de Regulación Corporativa de CIDSE, la coalición de ONG católicas internacional. "La Comisión ha definido la lista de impactos ambientales de una manera que dejará de lado importantes casos de daños ambientales. De hecho, si el texto no se mejora significativamente, sólo unos pocos impactos estarán cubiertos por la legislación y las empresas no tendrán que comprobar, y no serán responsables, de los grandes daños al planeta y sus ecosistemas."  

El proyecto de ley está ahora en manos del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE, que en el próximo mes batallarán sobre el contenido de la ley, y la gama de violaciones de los derechos humanos y daños ambientales que ésta cubrirá. Las ONG y la sociedad civil europea y extranjera mantienen la esperanza de que los colegisladores mejoren sustancialmente el texto, pero según Cioffo "mientras algunas empresas están abiertas a mejorar sus prácticas, los lobbies empresariales se oponen furiosamente a esta propuesta y a cualquier mejora del proyecto."  

Comparte este contenido en las redes sociales