Declaración conjunta de la sociedad civil
Con el inicio de la sesión de verano de la Knesset israelí el 4 de mayo, las organizaciones firmantes observamos con profunda preocupación la Serie de iniciativas legislativas y medidas políticas, que actualmente se encuentran en proceso legislativo y que plantean amenazas existenciales a la supervivencia y el mandato de las organizaciones de derechos humanos en Israel.
En un entorno cada vez más represivo, estas propuestas parecen diseñadas para obstruir la justicia, reprimir la disidencia y silenciar a quienes defienden la rendición de cuentas y los derechos humanos. Estos proyectos de ley socavarían drásticamente la sostenibilidad financiera y operativa de las Organizaciones de Derechos Humanos (ODH) e impondrían severas sanciones penales a quienes cooperen con mecanismos legales internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI). También atacan a las ONG internacionales (ONGI) y a particulares mediante regulaciones restrictivas de registro y entrada. Estas medidas erosionan aún más el espacio cívico y consolidan un sistema de opresión, especialmente en el contexto de las hostilidades en curso en Gaza.
Panorama de las principales amenazas legislativas
- Proyecto de ley sobre impuestos a las ONG: Esta enmienda a la Ley de Asociaciones introduce un impuesto del 80% sobre la financiación estatal extranjera para ONG, lo que afecta desproporcionadamente a las organizaciones críticas con el gobierno israelí. Prohíbe el acceso a los tribunales a las ONG financiadas principalmente por estados extranjeros y otorga al ministro de finanzas facultades discrecionales para eximir a organizaciones favorecidas, lo que crea vías para la manipulación política y el control sobre la sociedad civil. La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset ya celebró su primer debate sobre el proyecto de enmienda el 5 de mayo, donde el objetivo ilegítimo y antidemocrático del proyecto quedó claramente claro. Se celebrarán nuevas audiencias en las próximas semanas.
- Proyecto de ley sobre cooperación con la CPI: Este proyecto de ley penaliza cualquier forma de cooperación con la CPI, incluyendo la documentación o el testimonio sobre presuntos crímenes de guerra, con penas de hasta cinco años de prisión. Impone la obligación de informar sobre los contactos con la CPI, lo que disuade a la sociedad civil de interactuar con los mecanismos de justicia internacional y amplía el riesgo de repercusiones financieras a los actores internacionales.
- Proyecto de ley de registro de OING y denegación de entrada para apoyar la rendición de cuentas internacional: Nueva directiva que otorga a las autoridades israelíes la facultad de denegar o revocar el registro en Israel de las OING que operan en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y de denegar visas de trabajo a personal internacional basándose en criterios políticos vagos. Quienes apoyan la rendición de cuentas internacional podrían ser privados de la entrada o la residencia en Israel.
En conjunto, estas medidas legislativas constituyen un esfuerzo coordinado para deslegitimar el trabajo en favor de los derechos humanos, criminalizar el disenso y proteger la conducta de Israel en los TPO del escrutinio y la rendición de cuentas internacional.
Un llamado a la acción de la UE
La comunidad internacional, y en particular la Unión Europea, ya han contribuido a ralentizar o detener leyes similares. La instamos a que lo haga de nuevo. El silencio en este momento crítico equivaldría a complicidad y socavaría el compromiso histórico de la UE con el derecho internacional, la protección del espacio cívico y los derechos humanos. En particular, instamos a:
- Representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores europeos y del Servicio Europeo de Acción Exterior utilizar su influencia ante sus homólogos israelíes tanto a nivel político como técnico, instándolos a retirar los proyectos de ley, al tiempo que emiten una clara condena pública de cualquier legislación que restrinja las libertades de expresión y asociación, y reafirman la legitimidad de los mecanismos jurídicos internacionales como la CPI.
- Miembros del Parlamento Europeo y de los Parlamentos Nacionales plantear estas preocupaciones a través de mecanismos parlamentarios (resoluciones, preguntas orales, audiencias) y cartas conjuntas a las autoridades nacionales e internacionales instándolas a responder públicamente y decisivamente.
- La Comisión Europea garantizar una financiación flexible y a largo plazo para las organizaciones de derechos humanos y abogar por la activación del Estatuto de Bloqueo de la UE para proteger a los actores europeos que colaboran con la CPI de represalias extranjeras.
En este momento crucial, la UE debe reforzar su compromiso con la justicia internacional y proteger a los actores que la defienden.
Lista de firmantes:
- 11.11.11
- ACT Alianza UE
- Al Haq
- Al Haq Europa
- BA4P/BACBI
- Broederlijk Delen
- El Cairo, Instituto de Estudios de Derechos Humanos
- CIDSE - familia internacional de organizaciones católicas de justicia social
- CNCD-11.11.11
- Diakonia
- Entraide et Fraternité
- Derechos EuroMed
- FGTB-ABVV
- Human Rights Watch
- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
- Centro de Ayuda Legal y Derechos Humanos de Jerusalén (JLAC)
- KURVE Wustrow – Centro de Formación y Redes en Acción No Violenta
- Oxfam
- PAX
- Pax Christi Flandes
- Pax Christi Internacional
- Sadaka - La Alianza Palestina de Irlanda
- El Comité Público Contra la Tortura en Israel (PCATI)
- Viva salud
- Vredesactie
- vrede vzw
- Weltfriedensdienst eV
Contacto CIDSE: Dorien Vanden Boer, Oficial de Políticas de Israel y Territorios Palestinos Ocupados, vandenboer(at)cidse.org
Foto de cubierta: Gaza, noviembre de 2023. Créditos: CRS.