“Repsol: ¡Hazte cargo!”: Perú vive uno de los peores casos de derrames de petróleo de su historia – CIDSE

“Repsol: ¡Hazte cargo!”: Perú vive uno de los peores casos de derrames de petróleo de su historia

Foto de portada: FOCSIV

Escrito por: Francesca Palmi, Linda Marisol Perina, Sara Dell'Amico – Voluntarios FOCSIV en Perú

"Repsol: ¡carga peligrosa!– “Repsol: ¡responsabilízate de lo ocurrido!” – es el lema que los peruanos coreamos desde el 15 de enero, día del desastre provocado por Repsol, la multinacional petrolera española. La empresa es responsable del mayor derrame de petróleo que se haya producido en la capital peruana, Lima, con unos 11,900 barriles de crudo arrojados al mar, según el Ministerio del Medio Ambiente de Perú. La noticia conmocionó a todo el país y los ciudadanos salieron a las calles a protestar. Es en este contexto que los voluntarios italianos de Focsiv que trabajan en Perú decidieron apoyar las operaciones de rescate de animales y escribir este artículo para informar a la comunidad internacional.  

Lo que ocurrió en ¿Ventanilla? 

El 15 de enero de 2022 se produjo uno de los desastres ecológicos más severos en la historia del Perú. Durante el trasvase de crudo desde el buque tanque italiano Mare Doricum, propiedad de Fratelli D'Amico Armatori SpA, hacia la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol, se vertió crudo en aguas nacionales en la costa de La Ventanilla (región Callao) , ubicada a 30 km al norte de Lima y famosa por su biodiversidad marina alojada en dos reservas protegidas. La cantidad de petróleo vertido a las aguas del Océano Pacífico alcanza los 11,900 barriles o 1.65 millones de litros de crudo. El dramático desastre reporta extensos daños al ecosistema, flora, fauna marina y actividad pesquera artesanal; aquí hay algunos datos1:  

  • Se han contaminado 512 hectáreas en la Zona de Isletas Grupo Pescadores y Punta Salinas del Sistema de Reserva Nacional de Islas, Isletas y Puntas Guaneras, así como 1,800 hectáreas en la Zona Reservada Ancón.  
  • Cerca de 300 aves fueron encontradas muertas, así como muchas especies de peces, pingüinos y lobos marinos, mientras que más de 1,500 pescadores de comunidades costeras perdieron su medio de vida para satisfacer las necesidades de sus familias.  

La noche del 25 de enero, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Armada del Perú (DICAPI) reportó un segundo derrame de petróleo en la refinería de Repsol. Una herida más para un país en emergencia ambiental. 

La respuesta del gobierno peruano 

A cinco días del desastre, el gobierno peruano declaró emergencia ambiental por 90 días2 para controlar el derrame de petróleo y poder abrir una investigación por el presunto delito de contaminación ambiental. La declaración de emergencia cubre todas las áreas afectadas por la mancha negra, un área de 3 km2. El 28 de enero, el juez a cargo ordenó la prohibición de salir del país por 18 meses a cuatro Ejecutivos de la refinería La Pampilla, incluido el Director Ejecutivo, como parte de la investigación por su presunta responsabilidad en el crimen.  

El Ministerio de Medio Ambiente decidió el pasado 31 de enero limitar las operaciones de carga y descarga de petróleo de la refinería hasta que Repsol presente un plan de contingencia 3 por derrames de hidrocarburos en el mar, así como certificaciones actualizadas de las autoridades competentes que aprueban la integridad de las instalaciones petroleras ante el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA). Sin embargo, con el fin de garantizar el abastecimiento de crudo en el país, el OEFA autorizó por diez días el reinicio de las actividades de carga de hidrocarburos, precisando que esta autorización no implicaría la revocación de la orden administrativa de cese de actividades y asegurando la vigilancia de su cumplimiento. con las medidas establecidas. 

Repsol: negligencias y omisiones 

A pesar de la catástrofe ecológica, la petrolera intentó desde un principio evadir su responsabilidad por los graves daños causados ​​a la biodiversidad y el medio ambiente peruano. Como primera reacción a las denuncias penales de contaminación ambiental, la empresa española desplazó la responsabilidad a las olas anormales provocadas por la erupción del volcán submarino Tonga ocurrida los días anteriores en Oceanía; esas olas habrían provocado la ruptura de las conexiones del barco a la plataforma italiana, generando así el derrame de petróleo, según el vocero de la empresa.  

Con el paso de los días, las declaraciones de la compañía se tornaron inconsistentes: por un lado, Repsol explicó que el plan de contingencia, aprobado por el gobierno peruano en 2015, se había aplicado correctamente, mientras que el capitán del Mare Doricum manifestó públicamente que la adopción de las contramedidas necesarias para contener la emergencia se había retrasado. Por otro lado, la empresa reportó un derrame de sólo 6,000 barriles, mientras que las autoridades locales reportaron el derrame de hasta 11,900 barriles. Al carecer de equipos de trabajadores calificados o equipo suficiente para recuperar el petróleo derramado, Repsol tuvo que depender de contratistas externos que reclutaron a los residentes de las comunidades costeras con sin recursos y sin capacitación sobre cómo manejar materiales tóxicos. 

Foto: FOCSIV.

¿Qué pide la sociedad civil? 

El esfuerzo de la sociedad civil ha sido enorme: asociaciones, voluntarios y activistas han participado en varias acciones para limitar al máximo los daños causados ​​por el desastre; Las comunidades locales y los ciudadanos directamente afectados han salido a la calle para exigir justicia y remediación ambiental a Repsol. Además, no es la primera vez que empresas transnacionales extranjeras dañan territorios a través de las actividades de sus empresas en el Perú: solo entre 2000 y 2019, los campos petroleros en la Amazonía y el oleoducto norperuano provocaron 474 derrames, dejando además graves impactos ambientales. a más de 2,000 sitios impactados y contaminados identificados en el norte de la Amazonía4

El mayor problema sigue siendo que el Estado peruano nunca adoptó una posición clara y decisiva, con leyes y sanciones apropiadas; por el contrario, las empresas extranjeras quedan impunes. Organizaciones de la sociedad civil, por ello, denuncian la ausencia de mecanismos de supervisión de la actividad empresarial en el cumplimiento de sus obligaciones y de la debida diligencia para asegurar el cumplimiento del marco de protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Exigen no solo que Repsol asuma la responsabilidad directa de este desastre ecológico, sino que controle y contenga la contaminación por hidrocarburos con una respuesta oportuna y con los medios materiales y tecnológicos adecuados, respetando los procedimientos previstos en el plan de contingencia. Urge fortalecer las medidas institucionales disponibles para enfrentar emergencias ambientales de este tipo, especialmente en cuanto a la capacidad de evaluar, controlar y sancionar los delitos ambientales, para que las empresas asuman sus responsabilidades. Es hora de que el Estado asuma su rol de garante de los derechos y haga respetar las normas, ante las innumerables violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente que enfrenta día a día el país.


Notas:

  1. Datos recopilados por SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), organismo acreditado por el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM).
  2.  Decreto Supremo 021-2022-MINAM https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/declaran-en- emergencia-ambiental-area-geografica-que-compren-resolucion-ministerial-n-021-2022-minam-2032893-1/
  3. Resolución MINAM n.° 00013-2022-OEFA/DSEM 
  4. “La sombra del petróleo: Informe de derrames de petróleo en la Amazonía Peruana entre 2000 y 2019”, Aymara León, Mario Zúñiga, Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 2020.
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