Foto de cubierta: samantha liebre/ Flickr (2020).
Como organizaciones miembros de CIDSE, expresamos nuestra profunda preocupación por el alarmante aumento de la violencia y el deterioro de la situación de los derechos humanos y el estado de derecho en el Perú, ante la grave crisis y protestas sociales que vive el país tras la destitución de ex presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El gobierno peruano ha declarado estado de emergencia y toque de queda en varias regiones en respuesta a las protestas ciudadanas. Hasta el momento, 50 personas han sido asesinadas desde que Dina Boluarte asumió el cargo, varias de ellas menores de edad, la mayoría víctimas de proyectiles de armas de fuego en enfrentamientos con la policía. Además, más de 600 personas han resultado heridas, entre civiles y miembros de la Policía Nacional. En este contexto, los manifestantes han pedido, entre otras demandas, la destitución del presidente Boluarte, la clausura del Congreso, nuevas elecciones y la designación de un gobierno de transición.
CIDSE lamenta profundamente las inaceptables muertes en el marco de la protesta ciudadana en el país, y nos solidarizamos con todas las víctimas, sus familiares, heridos y criminalizados.
Expresamos nuestro rechazo a todos los actos de violencia, violaciones a los derechos humanos y ataques a la seguridad física ya la vida. Condenamos el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas para controlar las protestas sociales, lo que no ha hecho más que exacerbar el conflicto y la tensión.
Apoyamos el llamado de la Defensoría del Pueblo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los obispos en Perú, instando a las autoridades a realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial. sobre las muertes, hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las manifestaciones en diferentes regiones. Es fundamental garantizar la justicia y determinar responsabilidades por estos graves hechos, incluidos los responsables del uso indebido de la fuerza. Pedimos el establecimiento urgente de una Comisión de Investigación independiente.
Exigimos el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos, el respeto a los tratados y normas internacionales de derechos humanos de los que el Perú es parte, y que se tomen medidas para asegurar el respeto y protección de la vida, la integridad y los derechos humanos, en especial las libertades de expresión, prensa y manifestación pacífica. Dada la continuidad de las movilizaciones en el país, reafirmamos que la protesta pacífica es un derecho democrático fundamental reconocidos por estándares nacionales e internacionales que deben ser respetados, sin estigmatizar y criminalizar a la población que se moviliza. Las demandas de la población reflejan un profundo descontento acumulado con la institucionalidad y la política del país y deben ser escuchadas.
Unimos nuestra voz al llamado del Papa Francisco al diálogo y al cese de la violencia, ya todas las iniciativas nacionales e internacionales encaminadas a garantizar la vida, la seguridad y la protección de los derechos humanos en el Perú. Apoyamos la búsqueda de una salida a la crisis que anteponga el bien común y busque soluciones pacíficas y dialogadas donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados.