Daniel Cima

We remember Berta Cáceres and the urgency to guarantee free, prior and informed consent

Daniel Cima
Manifestación Berta Cáceres

EU-LAT Network and CIDSE; together represent more than 57 European and international organizations, echoing the requests of COPINH supported by representatives of the European Parliament, demands justice, remembrance and guarantees of non-repetition for Berta Cáceres and urges the EU to guarantee free, prior and informed consultation of the communities affected by economic projects in their territories. (See Spanish version below)

On March 2, 2016, Berta Cáceres, Lenca indigenous leader and coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH by its Spanish acronym), was murdered at her residence in La Esperanza, Honduras. On November 29, 2018, the court found guilty 7 of the 8 accused as direct perpetrators in the murder of the defender and the attempted murder of Gustavo Castro, and linked the company DESA with these events. The individual sentence is still awaited for the 7 persons found guilty. Meanwhile, COPINH continues to request that intellectual perpetrators be judged and is awaiting the hearing of David Castillo, former executive president of DESA.

Berta Cáceres lived defending the territorial and cultural rights of indigenous peoples, women, Garífuna peoples and the peasantry. In her last years, she was the victim of criminalization, due to her activism opposing exploitation of their territories by hydroelectric dams and extractivist activities without the free, prior and informed consent of the indigenous peoples living there.

The case of Berta reflects a reality faced by defenders of territory and the environment in Latin America. The conflict generated by the installation of the Agua Zarca hydroelectric dam adds to a long list of conflicts surrounding the exploitation of natural resources in the region. The same pattern is repeated at different times in different countries, generating social and environmental damages, as well as losses of life. To resolve these conflicts and prevent those that may come, it is urgent to take measures aimed at guaranteeing the free, prior and informed consent of the affected communities.

Beyond consultation, inherent in the concept of consent is the right of communities to reject extractivist activities. The formal recognition of the Right to say No would relieve them from engagement in forms of struggle of resistance in which they are often exposed to violent oppression. The context of energy access and decarbonization cannot be merely used as an excuse for the imposition of hydroelectric projects. Affected populations should participate in the management of natural resources to ensure that their exploitation has a long-term equitable benefit. Without the ability of regional communities to choose their sources of energy, corporations will to continue to dictate the energy portfolio, and will do so in disregard of the needs of communities.

While we welcome the initiatives of some of the Latin American governments to formulate a national action plan for the implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), we believe these cannot be sufficiently enforced. It is urgent, thus, for governments to engage in the development of the UN binding treaty on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights, a much needed international law instrument to help address gaps and insufficiencies in the global legal framework. In complementarity with the UNGPS, at its current state the Binding Treaty focuses on prevention and legal liability across the value chain and access to remedy with an emphasis on rights of the affected people. However, room for improvements in terms of protection of human rights defenders and enforcement mechanisms, among others, make even more so relevant governments engagement in the negotiations. Such binding instrument could provide necessary legal measures to prevent conflicts, avoid more violence and ensure access to justice for communities when confronted with the violation of their rights.

Since the murder of Berta Caceres, civil society has recognized the systemic nature of the injustices she suffered, without forgetting this unique loss of life. Her family and her community are still denied access to justice. The EU-LAT Network and CIDSE urge the EU and its Member States to demand that the Honduran State adopt all necessary measures to ensure that the intellectual actors of the murder of Berta Cáceres are duly prosecuted, in line with the European commitment assumed in the matter of protection of the defense of human rights.

SPANISH VERSION

Recordamos a Berta Cáceres y denunciamos que urge garantizar la consulta previa libre e informada de las comunidades afectadas por proyectos económicos en sus territorios

Las redes EU-LAT y CIDSE, redes que conforman 57 organizaciones europeas e internacionales, haciéndose eco de las solicitudes del COPINH respaldadas por representantes del Parlamento Europeo, exigen justicia, memoria y garantía para que no se vuelva a repetir un asesinato como el de Berta Cáceres y urgen a la UE garantizar la consulta previa libre e informada de las comunidades afectadas por proyectos económicos en sus territorios.

El 2 de marzo de 2016 Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada en Honduras. El 29 de noviembre 2018, el Tribunal declaró culpable a siete de los ocho imputados como actores materiales en el asesinato de la defensora y el intento de asesinato de Gustavo Castro, y vinculó a la empresa DESA con estos acontecimientos. Todavía se espera la sentencia individual para las siete personas declaradas culpables. Mientras tanto, el COPINH exige que también los autores intelectuales sean juzgados, a la espera de la audiencia de David Castillo, expresidente ejecutivo de DESA. Paralelamente, en enero de 2019 se ha presentado una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la cancelación de la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Berta Cáceres vivió y murió defendiendo los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, las mujeres, los pueblos garífunas y el campesinado. En los últimos años fue criminalizada debido a su activismo y su oposición a las explotaciones hidroeléctricas y extractivas impuestas en sus territorios sin la consulta libre, previa e informado de los pueblos indígenas que allí habitan.

El caso de Berta, refleja una realidad a la que se enfrentan las personas defensoras del medio ambiente, el territorio y los derechos humanos en América Latina. El conflicto generado por la instalación de la hidroeléctrica Agua Zarca se suma a una larga lista de conflictos en torno a la explotación de recursos naturales en la región. El mismo patrón se repite desgraciadamente en diferentes países, generando daños sociales, ambientales y humanos.

Urge tomar las medidas necesarias para prevenir conflictos, evitar más muertes, y asegurar una explotación racional de los recursos naturales que garanticen beneficios para las poblaciones que dependen de ellos. La Unión Europea debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada en todas aquellas deliberaciones, programas, proyectos de desarrollo, comercio o inversión de la UE y/o sus Estados miembro que puedan afectar a las tierras, territorios o recursos naturales de las comunidades rurales y pueblos indígenas.

De acuerdo a la interpretación de normas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la consulta debe ser auténtica y bajo el principio de buena fe.

Más allá de la consulta, inherente al concepto de consentimiento está el derecho de las comunidades a rechazar las actividades extractivistas. El reconocimiento formal del derecho a decir que no, les exime de participar en formas de lucha de resistencia en las que a menudo están expuestos a la opresión violenta. El contexto del acceso a la energía y la descarbonización no puede utilizarse simplemente como una excusa para la imposición de proyectos hidroeléctricos. Las poblaciones afectadas deben participar en el manejo de los recursos naturales para asegurar que su explotación tenga un beneficio equitativo a largo plazo. Mientras que las comunidades regionales no tengan la capacidad para elegir sus fuentes de energía, las corporaciones continuarán dictando el portafolio de energía, y lo harán sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades.

Si bien acogemos las iniciativas de algunos de los gobiernos de América Latina para formular un plan de acción nacional para la implementación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, creemos que estos no son suficientes. Por lo tanto, denunciamos que es urgente que los gobiernos se comprometan en el desarrollo del Tratado vinculante de la ONU sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, un instrumento de derecho internacional muy necesario para ayudar a abordar las brechas e insuficiencias en el marco legal global. En complementariedad con el Principios Rectores, en su estado actual, el Tratado vinculante se centra en la prevención y la responsabilidad legal en toda la cadena de valor y el acceso a la reparación con un énfasis en los derechos de las personas afectadas.

Sin embargo, el espacio para mejoras en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos y los mecanismos de cumplimiento, entre otros, hace que el compromiso de los gobiernos sea aún más relevante en las negociaciones. Dicho instrumento vinculante podría proporcionar las medidas legales necesarias para prevenir conflictos, evitar más violencia y garantizar el acceso a la justicia para las comunidades cuando se enfrentan a la violación de sus derechos.

Desde el asesinato de Berta Cáceres, la sociedad civil ha reconocido la naturaleza sistémica de las injusticias que sufrió, sin olvidar la pérdida de su vida. A su familia y su comunidad todavía se les niega el acceso a la justicia. La Red EU-LAT y CIDSE urgen a la UE y sus Estados Miembros a exigir al Estado de Honduras adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los actores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres sean debidamente procesados, en línea con el compromiso europeo asumido en materia de protección de la defensa de los derechos humanos.

EN-EU_LAT_-_CIDSE_statement_Berta_Caceres-2019.pdf
ES-Comunicado_EU_LAT-_CIDSE_Berta_Caceres_2019.pdf